noticia de el espectador 18 Oct. 2008
En repetidas ocasiones, el Presidente se ha enfrascado en discusiones personales con el director de la ONG —a quien dicho sea de paso, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, expulsó del vecino país por la elaboración de un informe que alertaba frente a la violación de los derechos humanos— y ha sido igualmente crítico frente a informes en los que se siguió de cerca la desmovilización paramilitar, la elaboración de la Ley de Justicia y Paz y la libertad de prensa.
Aún resuenan las declaraciones dadas por Vivanco en este mismo periódico, en las que sostuvo que Uribe era intolerante frente a la crítica o aquellas en las que calificó el proyecto inicial de la Ley de Justicia y Paz de estar orientado “a premiar el silencio y castigar al que hable”. Lo propio hizo el gobierno del presidente Uribe en momentos en los que, tras la extradición de 14 jefes paramilitares a los Estados Unidos, Vivanco criticó la medida pese a que con anterioridad había sostenido que la misma permitiría impedir que se siguiera delinquiendo desde las cárceles colombianas. En esos términos lo registró un editorial del Washington Post en el que se le criticaba a la ONG el hecho de anteponer su aparente interés en oponerse al libre comercio, y en ese sentido al TLC con Colombia, por sobre la defensa de los derechos humanos. Pese a que el argumento central de la ONG, en ese entonces, era el de oponerse a que se extraditaran “hombres con la mayoría de la información”, y no le faltaba razón, quedó en el aire la sensación de que la batalla en defensa de los derechos humanos tenía mucho de chantaje y oportunismo.
Con todo, ahora que el candidato demócrata a la Presidencia, Barack Obama, puntea en las encuestas y se perfila como ganador, la mirada de Human Rights Watch a Colombia adquiere una inusitada relevancia. Sus estrechas relaciones con el Partido Demócrata así lo corroboran. Mal haría el Gobierno colombiano en seguir por la senda de las descalificaciones sistemáticas, como recién lo hizo la Vicepresidencia, al describir el último informe de la ONG en términos de “falsedades”. El título, “¿Rompiendo el control? Obstáculos a la justicia en las investigaciones de la mafia paramilitar en Colombia” es deliberadamente provocativo, pero no por ello se debería caer en el mismo juego. Tanto menos cuando no hay cómo negar que la Corte Suprema de Justicia ha sido objeto de descalificaciones que en nada contribuyen a deshilvanar el fenómeno de la parapolítica.
Finalmente, el debate sobre un presunto imperialismo humanitario en el que diversas ONG enmarcarían la protección de los derechos humanos en una supuesta superioridad moral que les permite dictarles medidas de comportamiento a los países en desarrollo, es un enfoque bastante discutible. ¿Por qué, por ejemplo, no blandimos la bandera de la soberanía cuando instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial nos visitan, aconsejan e imponen disminuciones del gasto público?
Es inconcebible pretender que Colombia deba abrirse al mundo en materia comercial al tiempo que protege sus asuntos domésticos. En el mundo global los bienes y servicios circulan en compañía de estándares jurídicos y éticos en materia de derechos humanos. Discutirlo sin irrespetarlo es deber de todo ciudadano que desea hacer parte del mundo de hoy.
EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE ÁLvaro Uribe Vélez y la organización no gubernamental Human Rights Watch protagonizaron un nuevo enfrentamiento este jueves tras la presentación de un informe en el que el chileno José Miguel Vivanco, director para América Latina de esa organización, señala al Gobierno colombiano de obstaculizar las labores de la justicia en la desarticulación de la “mafia paramilitar”.
