La violación de los topes en la financiación global, tanto como en los aportes individuales, mas cuatro insalvables irregularidades adicionales en el trámite, y la atribución de competencias que no le eran propias al comité promotor dejaron sin sustento jurídico la posibilidad de que los colombianos pudieran entregarle al presidente Uribe la posibilidad de inscribir su nombre en las elecciones de 2010.
Además, indicó González Cuervo, hubo violaciones de los topes hasta en 30 veces, en lo que atañe al marco individual, y seis veces en el global, por cuanto el comité terminó sustituyendo la Constitución.
En lo que atañe al trámite legislativo, precisó, las irregularidades empezaron a hacerse latentes en el momento en que la Cámara de Representantes decidió avalar el proyecto sin que antes se hubiera emitido la respectiva certificación del acopio de las firmas, que debía expedir el Registrador Nacional que, a su vez, esperaba el aval del Consejo Nacional Electoral.
Posteriormente, el hecho de que algunos congresistas hubieran hecho uso de la llamada Ley de trasfuguismo para poder votar favorablemente la iniciativa, cuando se encontraban purgando sanciones, constituyó un nuevo vicio insalvable.
Adicionalmente, la convocatoria a sesiones extras sin previa publicación en el Diario Oficial y sin haber llegado al período de receso, tal y como lo destacó el magistrado Sierra Porto en su ponencia, engendraron una nueva irregularidad.
Cinco vicios de trámite y la sustitución de la Carta Política por parte del comité promotor, terminaron hundiendo la posibilidad de la convocatoria a referendo, aún cuando sus fines no fueron objeto de examen por parte de la Corte, lo que significa que este mecanismo de participación seguirá siendo la llave a una reforma constitucional, incluso con fines de promover una reelección en las condiciones que se buscaban desde las huestes uribistas.
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