La justicia de colombia no es ciega y tiene Astigmatismo

La justicia es representada como una mujer vendada para impartir asi la justicia igual a todos, lastimosamente en Colombia hemos retorcido, doblado mellado la justicia con tal de conseguir q los grupos al margen de la ley dejen de delinquir, hasta tal punto q se oyen voces de me volvere guerrillero o paraco, por que si mato en colombia me dan estudio, plata mensual y hasta me llevan a la exterior y me dan millones de pesos. Aca les dejo una noticia de SEMANA muy buena.

EL PRECIO DE LA LIBERTAD

Zenaida Rueda pasó la mitad de su vida en las Farc. Como guerrillera, combatió con el Ejército y la Policía, y participó en decenas de actividades criminales, incluida la vigilancia de secuestrados. Pero hace una semana decidió escaparse con su rehén, Juan Fernando Samudio, un comerciante secuestrado por la guerrilla desde hacía 20 meses en el Sumapaz. Arriesgando sus vidas emprendieron la fuga, con tan buena fortuna que abrazaron la libertad. El problema es que según la ley, la guerrillera tendría que ir a la cárcel como cómplice del secuestro, pues este es un crimen de lesa humanidad al que no se le aplica el indulto ni el principio de oportunidad.

El caso de Zenaida, que ocurrió hace apenas una semana, es un ejemplo del tipo de situaciones que el gobierno quiere resolver con un nuevo decreto, que recogiendo artículos de varias leyes, les daría inmensos beneficios jurídicos a los guerrilleros que entreguen a los secuestrados.

Y es que las recompensas no bastan. Los guerrilleros saben -y más aún los mandos medios y altos- que aunque ganen muchos millones con la entrega de los rehenes, pueden terminar en la cárcel. Le pasó al tristemente célebre 'Rojas', el guerrillero que asesinó y le cortó la mano al comandante 'Iván Ríos', quien por su prontuario y por el mismo crimen de 'Ríos' está preso y en una situación jurídica muy complicada. También se abrió ese interrogante en el caso del guerrillero 'Isaza', quien a pesar de su loable actitud de fugarse y proteger a Óscar Tulio Lizcano, tenía procesos en curso, los cuales fueron finalmente precluidos.

Lo que el gobierno busca, según explicó públicamente el Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo, es por un lado que los guerrilleros puedan ser incluidos en la Ley de Justicia y Paz, gracias a un artículo que contempla que dicha ley no sólo se aplica a procesos de negociación sino de intercambio humanitario. Ya el gobierno había sacado un decreto meses atrás en el que daba por consumado el acuerdo humanitario entre un guerrillero y el gobierno, cuando el insurgente entregara a su víctima.

Pero la Ley de Justicia y Paz es insuficiente, porque de todos modos quienes se acogen a ella deben pasar un tiempo mínimo de cuatro años en la cárcel. Y es muy difícil ofrecerle a un insurgente que tome los riesgos que implica una fuga en la selva para que termine preso. Por eso el gobierno quiere usar también la Ley de Orden Público, que contempla la suspensión de penas cuando se trata de procesos de paz.

El esguince jurídico tiene un objetivo: la libertad para estos guerrilleros, si es que ellos han garantizado la libertad de los secuestrados. Detrás de los artilugios legales se reitera el mensaje político de que no habrá intercambio humanitario, y de que el gobierno confía en obtener más liberaciones a cuentagotas aunque le tenga que torcer el pescuezo a la ley. De hecho, los anuncios de Restrepo parecen ser la respuesta oficial al anuncio de las Farc de liberar unilateralmente a seis secuestrados.