Con la aprobación de la Ley de Justicia y Paz se abrió hace tres años un proceso que, aunque muchos no lo crean, está cambiando el país. No todo es tan malo como dicen los críticos, ni tan bueno como dicen quienes la aplican.
La puja por la verdad
Quizás el parámetro más importante para medir el éxito o el fracaso de la Ley de Justicia y Paz es qué tanta verdad se conozca sobre la barbarie paramilitar. Por eso, la base de todo el proceso son las versiones libres de los desmovilizados en las que deben confesar sus crímenes. Hasta ahora, en las 1.400 versiones libres que hay en curso, se han conocido 11.500 hechos delictivos que afectan a 14.500 víctimas. Las versiones libres han arrojado luces sobre hechos gravísimos para el país que estaban en completa impunidad. Es el caso del exterminio sistemático contra los militantes de la Unión Patriótica, por cuya ocurrencia hay 1.600 demandas contra el Estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Justicia y Paz se han confesado 45 de estos crímenes y se han arrojado luces sobre los autores intelectuales de la matanza, lo que podría librar a Colombia de un juicio internacional.
Se han reconstruido masacres como las de El Salado, en la cual se encontró que las víctimas duplican el número que la justicia tenía establecido. También se ha revivido el asesinato del humorista Jaime Garzón. Por lo menos tres paramilitares han señalado a militares como instigadores de este crimen. Trascendentales han resultado los datos sobre empresas nacionales y extranjeras que han financiado a los grupos armados. Pero una de las más importantes verdades que han salido a flote es la de la para-política. Fue en una versión libre que Salvatore Mancuso dio a conocer el Pacto de Ralito que firmaron varios políticos de la Costa.
Víctimas visibles pero solas
Invisibles en el pasado, en estos tres años las víctimas se han destacado en la vida pública al exigir verdad y reparación. Hay decenas de organizaciones en todo el país, movilizaciones y apoyo internacional, tanto para quienes buscan a sus familiares desaparecidos, como para quienes aspiran a saber por qué fueron asesinados sus seres queridos o ser restituidos de los bienes que les fueron despojados. La evidencia de que la Ley de Justicia y Paz se centró en los victimarios y no en las víctimas ha empujado al Congreso a aprobar en primer debate una ley de víctimas, que cuenta con un amplio consenso y que garantiza una más plena reparación para quienes han sufrido las secuelas de la guerra.
Sin embargo, las víctimas cuentan con poco respaldo jurídico y de seguridad para participar en el proceso de justicia y paz. Aunque hay 143.000 personas registradas, apenas 10.000 han asistido a las versiones libres, y en todo el país cuentan con sólo 69 defensores públicos que las orienten. Nueve de ellas han sido asesinadas y casi 100 han reportado amenazas. Aunque se han hecho muchas jornadas de atención a las víctimas, tanto por parte de la Fiscalía como de la Comisión Nacional de Reparación, hay agujeros negros, como la falta de apoyo sicológico, que aún no se resuelven.
Reparación enredada
El gobierno firmó un controvertido decreto de reparación por vía administrativa universal, que permite entregarle a cada víctima hasta 40 salarios mínimos por la violencia sufrida, y que el gobierno tasó en siete billones de pesos. Sin embargo, la puerta para que cada persona acuda a los tribunales en busca de una indemnización mayor e individual no está completamente cerrada en la ley de víctimas que deberá debatir el Congreso en esta legislatura. También se espera que se reabra la discusión sobre el número de víctimas que gozarán de la reparación porque, si se incuyen los desplazados, se puede llegar a una cifra extrema de tres millones de personas. Por eso, la incertidumbre sobre el costo total es enorme.
Muertos sin nombre
En logro y problema se ha convertido el hallazgo de fosas en casi todo el país. Por un lado, se ha demostrado que la magnitud del drama de la desaparición forzada rebasa todas las cifras. Se han descubierto casi 1.300 fosas, de las que se han exhumado 1.550 cadáveres. Ello sin contar los centenares de muertos que los paramilitares han confesado que fueron arrojados a los ríos. Hasta hoy han sido entregados 207 de estos cuerpos a sus familiares, lo cual constituye ya de por sí una reparación al daño causado, y hay 520 identificados.
Sin duda este es un proceso dado para avanzar en un proyecto de paz "al menos para la mayoria no se que tanto en la victimas" en colombia ;a pesar de no ser un abogado pienso que es alejado de un proceso de justicia, recuerdo la representacion de la justicia un DAMA CIEGA por que la justicia deberia ser igual para todos
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