Para quienes no sepan los hijos del presidente estan metidos en un escandalo, estos dos personajes recien graduados de la universidad, Compraron unas tierras a bajo costos movieron influencias para ampliar una via que pasa por las tierras y convertir la zona en zona industrial generando ganancias; Dicen, de hasta un 900%.al paracer no se hicieron millonarios sino Multimillonarios en cortico tiempo traficando las influencias, tal si fuera poco 4 ministros salen a defenderlos y a decir que: "Cualquier colombiano puede convertir una tierra en zona industrial" JAJAJAJA vaya hacerlo uno para ver si te sale y mas aun si te sale en 3 meses. nada de favoritismos por favor
El talante moral
Por Óscar Montes
El ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, oficiando de defensor de Tomás y Jerónimo Uribe Moreno en el debate que se llevó a cabo en el Senado de la República por cuenta de sus millonarios negocios notificó en vivo y en directo al país acerca del cuerpo de doctrina que mueve al Gobierno en lo que tiene que ver con los negocios de la familia presidencial: “El único estándar que el Gobierno acepta para medir la moral es la Ley”, vociferó, salido de la ropa y en medio del estupor y la perplejidad de los parlamentarios, muchos de los cuales no tienen en la moral y la ética su modelo de vida.
El ministro Zuluaga mostró el cobre de quienes desde las esferas del poder toman decisiones basados en el principio según el cual todo aquello que la Ley expresamente no prohíbe está permitido, y por tanto no merece ser denunciado o investigado. Para él, todo se reduce a un problema de incisos y códigos.
El cinismo de esa nueva clase dirigente que terminó por imponerse en el país los lleva a pensar que quienes se enriquecen acaballados en sus privilegios, en sus contactos al más alto nivel o en la información privilegiada que obtienen por ser quienes son, deben ser modelos a imitar y no una patética demostración de abuso de confianza y de comportamiento inmoral.
El Ministro, probablemente sin saberlo, actualizó un viejo debate suficientemente superado en la contemporaneidad en torno a uno de los pilares básicos de las sociedades modernas. El fetichismo legal que el Ministro esgrime como defensa para esconder el verdadero entuerto moral y ético que significan los negocios de los hijos del Presidente es el mismo que condujo al planeta a la mayor debacle humanitaria que jamás ha vivido: la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto judío.
Adolfo Hitler y todos sus secuaces nunca hicieron nada ilegal si se acepta literalmente la afirmación del Ministro de Hacienda. Carl Schmitt fue uno de los ideólogos del nacional-socialismo y de todo el cuerpo normativo que autorizaba la concentración del poder en el Führer, e incluso toda la normatividad penal que permitió desde la ‘Noche de los cristales rotos’ hasta el Holocausto judío, sabiendo muy bien que todo estaba respaldado por la Ley.
Contra eso, en el juicio de Nuremberg el tribunal aliado sostuvo que por encima de la Ley estaban valores superiores de la Humanidad, que obligaban a los oficiales nazis y a los funcionarios públicos que así actuaron a inaplicar esas leyes por bárbaras, injustas, o manifiestamente violatorias de los más elementales principios de la condición humana.
Más de 60 años después resulta que en una perdida república latinoamericana un ministro del Régimen, que ha cambiado la Constitución para favorecerse a sí mismo y que piensa volverlo a hacer, les acaba de notificar a todos sus conciudadanos que para el Gobierno no hay más norte que la Ley, independientemente de su contenido. Olvidó el funcionario que este no es un Estado de Derecho sino un Estado Social de Derecho, y que en tal razón cualquier ley, o cualquier comportamiento que no respete los principios básicos de la Constitución, debe inaplicarse o debe dejarse de hacer.
El Ministro tiene razón en que lo hasta hoy descubierto todavía no da motivos para meter a nadie a la cárcel, y que por razones morales o éticas no puede responsabilizarse jurídicamente a nadie. Pero ese no es el problema. El problema es que los gobiernos y los funcionarios públicos, aparte de las responsabilidades jurídicas, tienen una que se llama política, que no es otra cosa que la obligación moral, la misma que ahora banalizan los ministros como Zuluaga.
Era el propio Tomás de Aquino quien reclamaba que todo caso de conflicto entre la Justicia y la Ley siempre debía definirse a favor de la Justicia. En un país donde más del 60 por ciento de su población está por debajo de los índices de pobreza, que unos muchachos obtengan de la noche a la mañana plusvalías superiores al 10 mil por ciento es no solo injusto sino absolutamente ofensivo para toda esa gran masa de seres que tiene que romperse el cuero todos los días, no para enriquecerse sino apenas para sobrevivir.
El Ministro se desgañitaba diciendo que esos pobres muchachos habían tramitado todo en igualdad de condiciones. Falso. Si alguien tiene privilegios inherentes a su condición, independientemente de que los exhiba, pues no hace falta hacerlo porque son de su esencia notoria, son los hijos del Presidente. Si Porfirio Díaz dijo alguna vez que sus generales no aguantaban un cañonazo de cien mil dólares, en Colombia puede afirmarse que ningún subalterno del Presidente, o funcionario departamental o municipal, resiste una visita de Tomás o de Jerónimo Uribe. No está de más decirle al Ministro, como dijo Clinton en el famoso debate con Bush: “El problema no es la Ley, es la moral, estúpido”.
